A inicios de toda campaña electoral pasa lo mismo, la Asamblea Legislativa se convierte en un mar de discusiones y se dejan muchas cosas pendientes, como está ocurriendo con el nombramiento del nuevo defensor de los habitantes que nos ha dejado preguntándonos: ¿quién podrá defendernos?
La Defensoría de los Habitantes es la institución responsable de proteger los derechos e intereses de los ciudadanos frente a las acciones y omisiones del sector público. Asimismo, es la encargada de velar por que el funcionamiento del sector público se ajuste a la moral y la justicia.
La escogencia del defensor de los habitantes se atrasó ya que los diputados le dieron prioridad al nombramiento de los 14 magistrados suplentes de la Sala Constitucional, plazas que tampoco han sido completadas hasta ahora. Por esto desde el 7 de noviembre la Defensoría permanece sin jerarca, pues venció el nombramiento del defensor adjunto de los habitantes, Daniel Soley Gutiérrez; quien desde el 7 de agosto se desempeñaba como titular después de que venciera el periodo de Lisbeth Quesada.
Si bien la Defensoría atenderá al público con normalidad y seguirá con la apertura y trámite de investigaciones sobre casos donde se detecten indicios de posibles violaciones de derechos, sus resoluciones finales con recomendaciones quedarían suspendidas hasta que se nombre al nuevo jerarca. Aún así los expedientes, al carecer de soporte de legalidad por no estar sustentados por el defensor, quedarían pendientes de ser firmados.
“Los casos como las investigaciones siguen su curso normal, es decir, se piden explicaciones a las autoridades públicas sobre el caso en estudio, las recomendaciones no podrán ser remitidas a las autoridades correspondientes debido a que esta fase del proceso es exclusiva del jerarca, por lo que este paso queda suspendido hasta el nombramiento del nuevo defensor o defensora de los habitantes”, explicó Ahmed Tabash, encargado de prensa de la institución.
Además de estos informes, quedaría suspendida la remisión de criterios ante consultas legislativas sobre proyectos de ley, acciones de inconstitucionalidad, acciones ante el Tribunal Contencioso Administrativo, entre otras tareas.
Ante esta situación, el defensor Adjunto de los habitantes saliente, Daniel Soley Gutiérrez, tomó una serie de previsiones para evitar que existieran a la fecha informes pendientes de resolver, es decir, no existe rezago. No obstante, afirma que a partir del viernes 6 de noviembre, fecha que concluyó su labor, puede empezar a generarse un acumulado de expedientes.
“De todos los casos de denuncias de habitantes que requieren la firma del defensor o defensora se estima que por mes pueden girarse unos 200 informes finales con recomendaciones. Si es un caso de índole nacional en el cual se requiera el pronunciamiento institucional, también queda suspendido debido a que la única persona que pueda ejercer la magistratura de influencia es el jerarca”, explicó.
Mientras llega la fase de audiencias en la Asamblea, los costarricenses o extranjeros pueden interponer sus denuncias o sus consultas en las formas habituales de atención de la Defensoría, a través de la línea telefónica 2258-8585.
